Como afirmamos anteriormente, en América hispana no existió ninguna autoridad suprema. Si bien cada funcionario tenía cierta autonomía dentro de su propia competencia, existían contrapesos, limitaciones y controles destinados a evitar abusos de poder o a sancionar los excesos que se podían cometer, tentados por la lejanía con la metrópoli.  Estos sistemas de coordinación y de recíproca vigilancia funcionaban de manera análoga a la división de poderes del constitucionalismo moderno, aunque de una manera más elástica y dúctil, porque las medidas inconsultas o arbitrarias podían encontrar un correctivo eficaz sobre la propia marcha y sin tener la necesidad de recurrir a España.

El régimen indiano, con esos sistemas de coordinación y control, quería afirmar el imperio de las normas jurídicas mediante recursos y procedimientos fundados en leyes (Zorraquín Becú, Ricardo, 1973).

La falta de autoridades supremas obligó a considerar la naturaleza peculiar de la jerarquía política indiana. No existía una dependencia estricta entre unos y otros organismos o funcionarios, sino que todos actuaban con cierta libertad dentro de su esfera, aunque vigilados por los demás. La jerarquía política en América estaba fundada más en la dignidad de los cargos, que en el ejercicio efectivo de un poder de decisión frente al funcionario de menor categoría.

Esto pone en evidencia que la organización del poder en las Indias no configuraba una pirámide, sino que podría compararse a una circunferencia cuyos rayos partían todos de la corona, centro único de la soberanía y se distribuían a través de todos los organismos. Cada autoridad dependía a la vez de otro, pero tenía cierta autonomía funcional y podía ser controlada por organismos, que en realidad no eran sus superiores, siguiendo a Zorraquín Becú.