El establecimiento del régimen de intendencias fue la culminación de una política de integración jurisdiccional y administrativa que el gobierno de los Borbones venía persiguiendo durante años. La corona española reconoció la necesidad de agrupar el territorio en formas más simples y eficientes para simplificar la distancia entre los organismos centrales de gobierno y las comunidades más alejadas.
El extenso Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776, fue dividido años después, en varias circunscripciones administrativas que recibieron los nombres de intendencias y de gobiernos político militares. El nuevo sistema respondía a los principios de los Borbones, que importaron de Francia una organización destinada a acentuar el centralismo y el control estatal de la actividad gubernativa.
Las intendencias introdujeron una institución nueva y desconocida hasta entonces, que simbolizaba la ideología del siglo XVIII, el despostismo ilustrado y el deseo de crear un ordenamiento administrativo más eficiente y centralizado. Para ello se eligió un sistema que en Francia había dado excelentes resultados. Sus orígenes se remontaban al siglo XVI en que se hizo frecuente enviar a todas partes comisarios encargados de cumplir determinadas funciones, restablecer el orden y organizar las finanzas.
El 28 de enero de 1782 se sancionó la Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes de Ejército y Provincia en el Virreinato de Buenos Aires. Esta fue remitida a las distintas autoridades superiores de los virreinatos del Río de la Plata y del Perú, para que dieran reservadamente su opinión y propusieran las modificaciones que estimaran convenientes, indicándoles al mismo tiempo que la intención del monarca era nombrar como intendentes a los mismos Gobernadores actuantes.
