En el estado hispanoamericano, en la generalidad de los casos, los mismos funcionarios tenían simultáneamente competencia ejecutiva y judicial y, también legislativa. Existía una acumulación de funciones, en los mismos organismos, propia de todo régimen monárquico, que atribuía funciones de diverso tipo y carácter a una misma autoridad, elevando así su jerarquía e influencia.

Esta conjunción de funciones impuesta a las autoridades residentes en América tenía como justificación limitar el número de funcionarios y simplificar de este modo la administración. Asimismo, permitió evitar los conflictos posibles entre distintos funcionarios y a la vez, ejercer un control más estricto sobre sus actos. Además, atribuía a algunas autoridades la totalidad del poder en ciertas materias, por ejemplo la función ejecutiva  y judicial en los jefes militares, en los Gobernadores, en los oficiales reales y en los prelados, pero acordando a cada uno la competencia jurisdiccional correspondiente a sus facultades administrativas. Para afirmar la autoridad y dar mayor jerarquía a los jefes supremos de cada jurisdicción, ya se tratara de Virreyes o Gobernadores, se le agregaban a las funciones de gobierno el mando militar.

Ricardo Zorraquín Becú asegura que la corona española aplicó la acumulación de funciones, agregando nuevos títulos indicativos de la función correspondiente. De este modo, el Virrey era a la vez Gobernador, Capitán General, presidente de la Audiencia y superintendente de real hacienda,  mientras que el Gobernador era también Capitán General y justicia mayor.

Esta práctica revela que cada función conservaba su propia individualidad y sus características especiales, de tal manera que en el ejercicio de esas atribuciones superpuestas, cada autoridad debía obrar de acuerdo con las normas que regulaban la función correspondiente.  El resultado de esta diferenciación de funciones permitió mantener una relativa separación de atribuciones e imponer un control recíproco entre los diversos funcionarios.